El otro partido de fútbol en Polonia

            Al inicio de la Eurocopa de fútbol, que España ha ganado con todo merecimiento, nos sorprendió la noticia de que los jugadores holandeses e italianos habían visitado un campo nazi de exterminio. También lo hicieron los alemanes, aunque de tapadillo, pues sólo enviaron a una delegación de cinco.

            Cesare Prandelli, el técnico italiano que había tomado la iniciativa, declaró conmovido al final del recorrido por ese lugar de horror que “debería ser obligatorio para todos visitar los escenarios de estos dramas. El dolor es inmenso”. Y el central italiano Chielini decía entre lágrimas que le consolaba ver a tantos niños recorriendo esos lugares en los que en poco más de dos años redujeron literalmente a humo a más de un millón de judíos, gitanos, homosexuales y disidentes.

            Los italianos fueron a Auschwitz porque allí asesinaron a 50.000 italianos; los holandeses, porque perdieron a muchas “Ana Frank” en las cámaras de gas; los alemanes, porque sus abuelos fueron los autores de la barbarie. Que los ídolos de la juventud y los símbolos de las aspiraciones nacionales fueran a los campos y mostraran sus emociones ante tanto dolor, tenía un valor pedagógico que ningún libro, ningún film, ningún teatro, podía alcanzar.

Recuperar la libertad o conquistar la dignidad

            La reciente declaración del colectivo de presos etarras supone una novedad al someterse a la legalidad vigente en este Estado de derecho llamado España. Esto implica, por un lado, reconocer la legalidad de su condena y, por otro, aceptar los requisitos establecidos para obtener beneficios penitenciarios, tales como el reconocimiento del daño causado a sus víctimas y la renuncia a la violencia como arma política.

            La pregunta que cabe hacerse es si eso va en serio o son sólo concesiones verbales -“por imperativo legal”, como decían en Batasuna- para aliviar sus penas. Sus abogados de cabecera, Iñigo Iruín y Fernando Barrena, son duchos en sortear las intenciones morales de las leyes para sacarlas todo el provecho material posible.

Por qué hay coches que matan

          En el año  2013 la  cifra de  muertes  en  las  carreteras españolas fue la más baja de su historia. Los 1.128 muertos estaban lejos de los 6.000 que hubo en el año 1989, incluso de los 1.300 del año 1960 que fue cuando se comenzó a contabilizar los accidentes.

            Estas cifras suponen un alivio y nos aproximan a la media de los países europeos, aunque no hay que olvidar los más de 5.000 heridos graves en el pasado año. Son muchos menos los muertos pero todavía son excesivos porque todas y cada una de esas muertes son absurdas y evitables. Nos tranquiliza saber que estamos en la media europea, lejos pues de las cifras escandalosas que nos otorgaron el dudoso honor de encabezar la lista de accidentes viales hasta hace unos pocos años, pero debería preocuparnos que a partir de ahora la reducción de accidentes va a ser mucho más difícil.

Los derechos de los niños

            El abuso a menores por un profesor del Colegio madrileño de Valdeluz  ha puesto de manifiesto no sólo el encubrimiento del profesor de música y ética por parte de la dirección del colegio y de buena parte del claustro de profesores, sino también la torpeza de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid que, al tener noticia de alguno de los casos, se lavaron las manos, no dando cuenta al fiscal y endosando la responsabilidad de la denuncia a los propios padres.

            Con ser grave la conducta del Colegio Valdeluz, resulta más preocupante la reacción de los responsables políticos. ¿Que por qué? Pues porque los delitos se persiguen pero las mentalidades perduran. Las conductas delictivas, como las que han tenido lugar en el citado centro agustino, son perseguidas por los jueces y rechazadas por la sociedad. Lo que, sin embargo, denota la actitud de los políticos madrileños es una mentalidad ampliamente compartida según la cual es siempre preferible tapar los escándalos  a hacer justicia. Se sacrifica el niño al interés de los adultos. Tiene, de entrada,  más credibilidad el pedigrí de un colegio de religiosos que la denuncia de un niño o la que en su lugar hagan los padres. Se da por descontado la honorabilidad de una institución docente y quien quiera cuestionarla en nombre del daño a un alumno tendrá que iniciar un calvario por despachos que no suelen acabar en lugar alguno.