La ruidosa ley de educación que
prepara el ministro Ignacio Wert invoca dos motivos para justificarse: el fracaso escolar existente y la mejora de la
calidad. Si lo prioritario fuera el fracaso escolar, habría que preocuparse
sobre todo de los que van mal; si la razón fuera mejorar la calidad el acento
habría que ponerle en los que van bien, para hacerles más competitivos. No son
objetivos fáciles de casar en tiempo de escasez, pero tampoco importa porque
cada día aparece más evidente que la razón verdadera es doctrinaria.
No son los alumnos lo que importa sino los principios
ideológicos conservadores resguardados tras la consigna "libertad de enseñanza".
Esa fue la bandera que los propietarios de los colegios privados,
mayoritariamente de la Iglesia católica, enarbolaron durante el debate
constitucional. El artículo 27 recoge ese principio junto a otro, de
orientación ideológica opuesta, "el derecho a la educación", que
plantea la obligación del Estado a proporcionar una enseñanza general y gratuita.
Aunque los dos principios se avienen mal, la Constitución ofrece un marco de
convivencia teórica que no ha encontrado una fórmula de consenso.
En asuntos de enseñanza el Partido
Popular ha ido a rebufo de la Iglesia Católica. Ahora bien, que la Iglesia
católica desfile tras la pancarta de "la libertad de enseñanza" tiene
su gracia porque la libertad de enseñanza fue perseguida sin contemplaciones por
la misma iglesia cuando ella tenía el monopolio de la educación. Y algo de esa
intransigencia sigue vigente en la interpretación que dan los obispos españoles
del susodicho principio. Lo que tras él se esconde es, en primer lugar, el
derecho a recibir ayuda pública, algo que han conseguido y generosamente
gracias a la figura del "centro concertado". Pero no les basta con
eso. Quieren que se respete su forma de educar: no que se les respete a ellos,
algo que tienen asegurado por la Ley (la LODE), sino que el sistema educativo
en su conjunto respete sus valores educativos. Ese respeto exigido se expresa
en dos temas: la clase de religión y la formación en valores acorde con la
visión católica del mundo.
Hay que decir que en lo que respeta
a la clase de religión han tenido éxito: todos los centros deben ofrecer clase
de religión; los obispos imponen los libros de texto, auténticos catecismos; y
los profesores son nombrados por la Iglesia, aunque les paga el Estado. Pero la
Jerarquía católica no está contenta: quiere que la religión tenga el rango de
las matemáticas y eso que hasta ahora no lo han conseguido, ni con el PP, puede
estar al caer. Sería la gran novedad. De momento la religión no va a tener que
competir con una alternativa golosa para los chicos, como ese "tiempo de
estudio" que aprovechaban en la biblioteca, sino con una materia exigente
como puede ser formación en valores, con el inconveniente de que en un mismo
centro y en clases contiguas se estén formando en valores opuestos. Pasaríamos
de "libertad de cátedra" al "mandato del aula".
El otro tema al que los defensores
de la "libertad de enseñanza" no quieren renunciar es a que todos los
alumnos, y no sólo los suyos, eviten los peligros de una formación laica . Como
los peligros son plurales también las exigencias católicas. Por de pronto, no
penalizar a la hora de las subvenciones colegios que discriminen por sexos, algo
que ya está en la agenda del ministro. La bestia negra del PP y de la Iglesia
es, sin embargo, la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ya sabemos que
será sacrificada y sustituida por una formación ciudadana que explique, por
ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad o un vicio.
Evidentemente esta ley no va a traer
paz alguna. Si el Partido Popular se arriesga a tanto es porque pesa en él la
doctrina católica. Deberían pensárselo dos veces porque Rajoy y Rouco pueden
coincidir en la defensa de la escuela privada, en el fomento de la clase de
religión o en la animadversión a la laicidad. Pero hay un punto en el que el PP
no pueden coincidir so pena de suicidio: Monseñor Rouco no acepta la
legitimidad del Estado en temas de enseñanza. Lo tiene escrito y explicado con
un silogismo escolástico. Dice el prelado gallego: la enseñanza es un derecho
natural que compete a la familia; ahora bien, como el intérprete del derecho
natural es la iglesia, es la iglesia la que tiene que hacerse cargo del derecho
a la educación. Esto lo dejó escrito en tres folios, siendo entonces un
discreto experto de la Conferencia Episcopal, allá por 1984, cuando el Ministro
Maravall negociaba con Elías Yanes, a la sazón Presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza. Luego ha cambiado el tono, pero no las convicciones.
Rouco y Wert se necesitan pero el Cardenal puede arruinar al Ministro.
Reyes
Mate (El Periódico de Catalunya, 17
de diciembre 2012)